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Foto del escritorLaura Rodríguez

La cuestión judicial israelí



En los últimos años, Israel ha experimentado un crecimiento económico sin precedentes que ha transformado a este estado. Esta transformación ha conllevado a que Israel se haya transformado en una potencia tecnológica. Este cambio tiene varios protagonistas, pero hay que destacar la figura del actual primer ministro, Benjamin Netanyahu (o Bibi, conocido en Israel).

Durante este año, a finales del mes de abril, se celebrará el setenta y cinco aniversario de la creación del estado de Israel. No obstante, desde el pasado mes de enero, el ejecutivo israelí, liderado por Netanyahu, ha anunciado una controvertida reforma judicial. Este cambio ha conllevado a que Israel haya presenciado multitudinarias protestas pacíficas en su historia.


Aparte del revuelo a nivel nacional, este cambio judicial también se ha hecho eco en la esfera internacional con consecuencias políticas y económicas. En este artículo, se arrojará algo de luz qué podría significar esta reforma y su impacto.


Para comprender el por qué de la reforma judicial, hay que dar una vuelta al pasado para comprender el sistema judicial en Israel. La Declaración de Independencia de 1948, establecía que Israel elegiría una asamblea constituyente que redactaría una constitución para el Estado de Israel que guiaría el establecimiento y las actividades de las autoridades elegidas.


Tras su elección, la asamblea constituyente (que pasó a llamarse Primer Knesset), en diciembre de 1948, Israel publicó el borrador de su constitución. Sin embargo, el parlamento israelí, o Knesset, nunca lo adoptó como ley.


El 13 de junio de 1950, los líderes israelíes decidieron que la constitución sería legislada “capítulo por capítulo”. En lugar de una constitución, el parlamento de Israel, la Knesset, aprobó las Leyes Básicas.


Estas Leyes Básicas, actualmente 13, crean autoridades soberanas como la Knesset, el gobierno y el poder judicial se sumaron a otras leyes básicas relativas al presidente, el ejército y el contralor del Estado. Además, muchas de estas leyes se basan en las libertades individuales han sido los fundamentos constitucionales esenciales del país.


De acuerdo con la Decisión Harari de junio de 1950, la Knesset ostenta el poder legislativo, sino que tiene potestad para elaborar o modificar alguna de las Leyes Básicas. Entre la creación del Estado y principios de la década de 1990, la Knesset completó la promulgación de casi todas las leyes básicas institucionales de Israel.


Al mismo tiempo, desde el año 1953 los jueces son nombrados por un comité compuesto por nueve personas procedentes de diferentes colectivos (Knesset, Corte Suprema, Gobierno y Colegio de abogados). La Corte Suprema de Israel se ha convertido en un garante de la legalidad. Cabría mencionar que, el actual ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, fue declarado culpable por esta corte por incitación al racismo y apoyo a una organización terrorista en 2007. 


Una fecha clave en el sistema judicial en Israel sería 1995, debido a la sentencia United Mizrahi Bank v. Migdal Cooperative Village.


En la Ley Básica, Israel como Estado-Nación del Pueblo Judío, existió una revisión constitucional sobre si esta ley básica contradecía las anteriores. Era la primera vez que se actuaba judicialmente así, pues la Corte Suprema tomó la competencia de supervisar su constitucionalidad.


También hay que destacar que, este tribunal se rige bajo el principio de racionalidad. Esta corte puede revocar nombramientos del ejecutivo si existen indicios razonables sobre su legalidad.


Durante el gobierno de Ariel Sharon, ganaría peso un político, Benjamín Netanyahu (conocido como Bibi), siendo el Ministro de Finanzas (2003-2005) y actualmente el primer ministro de Israel. Netanyahu defendió un sistema judicial independiente y una Corte capaz de bloquear las legislaciones más extremas de los políticos.


Además, inició una cultura de reformas continuas para desarrollar un entorno en el que los actores del sector privado pudieran prosperar, con el fin de frenar el exceso de burocracia y las regulaciones. Estas políticas transformarían a Israel en una potencia tecnológica, explicado en otro artículo.


Mientras Benjamin Netanyahu consolidó su figura política dentro y fuera de Israel, varios casos judiciales han marcado la supervivencia política y la parálisis política del país. Estos casos son conocidos como: Caso 1.000, Caso 2.000, Caso 3.000 y Caso 4.000.


  • Caso 1.000: Netanyahu fue acusado de fraude y abuso de confianza. Se alega que recibió varios beneficios de alto valor, como champán rosado y cigarros, a cambio de favores para un amigo.

  • Caso 2.000: son también cargos por fraude y abuso de confianza. De acuerdo con la demanda, el primer ministro llegó a un acuerdo con el editor de un importante periódico para promover una legislación para debilitar a un rival a cambio de una cobertura favorable.

  • Caso 3.000: este escándalo se debe a la compra de submarinos alemanes. El primer ministro Benjamin Netanyahu, que solicitó la adquisición sin consultar ni notificar al entonces ministro de Defensa Moshe Ya'alon y al entonces jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel.

  • Caso 4.000: Este es considerado el más grave porque Netanyahu fue acusado de soborno, así como de fraude y abuso de confianza. Según la acusación, Netanyahu promovió decisiones regulatorias que favorecieron a una compañía líder de telecomunicaciones a cambio de una cobertura de noticias favorable de uno de sus sitios web, como parte de un acuerdo con el accionista que controlaba la compañía.

Estos problemas legales volverían a la primera escena política. En noviembre de 2019, el fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, acusó formalmente al primer ministro Benjamin Netanyahu por corrupción, en tres casos separados que incluyen soborno, fraude y abuso de confianza. Netanyahu aseguró ser víctima de una "cacería de brujas" por parte de sus oponentes y los medios de comunicación.


Esta cuestión judicial ha dificultado no sólo la supervivencia de Netanyahu, sino también es un factor que explica la convocatoria de cinco elecciones entre 2019-2023. Netanyahu ha aprovechado un vacío legal de la Ley israelí, donde un primer ministro no tiene una barrera legal para su supervivencia política.


Pese que la Corte Suprema dictaminó anteriormente que un ministro del gabinete acusado de un delito debe renunciar o ser destituido de su cargo. En 2021, la policía de Israel exoneró a Netanyahu hace un mes, sin embargo, en uno de los mayores casos de corrupción en la historia del país, el caso 3.000.


En medio de este revuelo, los partidos ultranacionalistas y ultrarreligiosos judíos perciben a la Corte Suprema como un tribunal de izquierdas, que interviene en exceso en las decisiones legislativas y del ejecutivo al punto de anteponer los derechos de las minorías a los intereses nacionales. Cabría mencionar, el fallo del Tribunal Supremo contra unos requisitos de la ley de gestación subrogada, que excluían de forma discriminatoria a algunos hombres.


Foto 1: el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en diciembre de 2022, en el parlamento, Kneset. Fuente: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-64115141


En diciembre de 2022, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, volvió a dirigir las riendas de Israel. Sin embargo, Netanyahu líder del Likud (partido de centro-derecha) formó una coalición de gobierno con partidos ultranacionalista y judíos ultraortodoxos.


La polémica saltó cuando el ministro de justicia, Yariv Levin, anunció una nueva reforma judicial. Esta reforma tiene tres partes clave:

  • Uno, modifica el comité de selección de jueces –integrado por nueve miembros–, que hoy requiere de un consenso entre la rama judicial y la política para nombrar a los magistrados del Supremo y del resto de Israel. Con la reforma, el Gobierno dominaría esta composición y necesitaría solo una mayoría simple para elegir a los togados.

  • Los otros dos, apuntan a reducir las capacidades de la Corte Suprema para revisar las leyes aprobadas por el Parlamento: por un lado, el máximo tribunal no podría invalidar las llamadas "Leyes Básicas" que, a falta de una Constitución, funcionan como normas fundamentales; por el otro, el Supremo solo podría impugnar las leyes regulares (las otras) si contradicen un derecho consagrado en una de las "Leyes Básicas" y con el apoyo de 12 de los 15 jueces –en vez de la mayoría simple actual–.

El ejecutivo israelí con esta reforma quiere implementar una "cláusula de anulación". Bajo esta cláusula, la Kneset volvería a promulgar las leyes impugnadas por la Corte, siempre que disponga de un respaldo de al menos 61 parlamentarios. Además, bajo esta reforma la Corte Suprema no podría inhabilitar a ministros del gobierno –como es el caso del líder ultrarreligioso Aryeh Deri, cuya inclusión en la coalición fue bloqueada por un fallo judicial al tener una condena por delitos financieros.


Dentro de esta reforma se excluye el derecho a la igualdad, así como otros derechos importantes, como la libertad religiosa y de expresión; un aspecto que afectaría a los ciudadanos árabesIsrael -que constituyen aproximadamente el 20% de su población.


Por último, los asesores legales del gobierno, dependientes del ministerio de justicia y cuyas opiniones son vinculantes, pasarían a ser elegidos por el propio gobierno, y sus opiniones dejarían de tener peso legal.


Gracias a esta reforma, el Parlamento conseguiría de este modo un control casi ilimitado de las iniciativas (y las críticas), sobre todo si, como ocurre ahora, el gobierno de turno ostenta una mayoría parlamentaria de 64 de 120 escaños. Estas propuestas permitirían al gobierno de turno imponer su agenda, como leyes sobre el servicio militar, entre otros aspectos; sin contrapesos.


Tras este anuncio, sectores de la población israelí de forma pacífica mostraron su rechazo hacia la reforma, sobre todo, a través de numerosas manifestaciones por todo el país.


Un ejemplo fue la presidenta de la Corte Suprema, Esther Hayut, que defendió la protección de las minorías y la obligación del Tribunal con los derechos de toda la sociedad. También aseguró que Netanyahu pretende aplastar el poder judicial y dañar la democracia.


Esta incertidumbre se ha trasladado a la economía israelí. En el sector tecnológico, el 15% del PIB del país, ciertas firmas y empresarios han anunciado el retiro de fondos de sus cuentas en Israel y se están planteando reubicar sus actividades en otros estados. Esta incertidumbre también ha causado una caída de la moneda local, el shekel. En febrero de 2023, se depreció casi un 6% frente al dólar estadounidense, su valor más bajo en tres años; mientras el índice de referencia TA-125 de la Bolsa de Tel Aviv se retrajo un 3,5%.


El presidente israelí, que es una figura simbólica, en un discurso el 12 de febrero propuso un "compromiso" para moderar la reforma y se ofreció a actuar como mediador de los partidos sin mucho éxito.


Al mismo tiempo, voces de las fuerzas armadas se han sumado al rechazo. Cabría mencionar, el plantón en un entrenamiento de 37 de 40 pilotos reservistas de un escuadrón de élite de las fuerzas aéreas. Otros exmilitares y soldados voluntarios participan activamente de las protestas y han solicitado al Gobierno parar sus planes.


Este creciente descontento interno hizo que el 26 de marzo, Netanyahu cesara al ministro de Defensa, Yoav Gallant, tras dar un discurso por televisión en el que llamaba a un alto en la reforma. Su cese generó multitudinarias protestas por todo el país. No obstante, Yoav Gallant sigue ostentando su puesto como titular de defensa.


Tras una jornada de caos absoluto, con huelgas masivas y manifestaciones que han bloqueado el país. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu compareció para anunciar la paralización de su polémica reforma judicial. Esta congelación está prevista hasta el 30 de abril, cuando la Cámara vuelva a reunirse tras el receso que comienza el domingo.


Sin embargo, esta decisión vino acompañada de la promesa de Netanyahu de la creación de una "guardia nacional" bajo el mando de Itamar Ben Gvir, y muestra la debilidad interna de Benjamin Netanyahu para liderar su ejecutivo.


Este anuncio ha puesto también en relieve las diferencias de la oposición, pese que la mayoría de estas formaciones tiende al diálogo. El ex Primer Ministro Yair Lapid, líder de la segunda fuerza política del país, el partido Yesh Atid (Hay Futuro), se mostró dispuesto a entablar negociaciones con el Gobierno si el Presidente Isaac Herzog estaba presente. El líder del centrista Partido de Unidad Nacional, Benny Gantz, también acogió con satisfacción la declaración de Netanyahu.


Según el sondeo del Canal 12, el partido de Benny Gantz, el Partido de Unidad Nacional, ocuparía 23 escaños en la Knesset, frente a los 12 que tiene actualmente, gracias a los votos que abandonaría un Likud en horas bajas.


Pese al anuncio de Netanyahu, las protestas continúan por todo Israel. Junto a esta preocupación nacional el presidente de EE.UU., Joe Biden, un aliado clave para Israel, habló el 19 de marzo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu para expresar su "preocupación" a raíz de la reforma judicial.


Esta reforma está causando una polarización a nivel interno y podría hacer que el país fuera menos próspero, más polarizado en el interior y más vulnerable en el exterior. La continuación de esta reforma pone a Israel en un contexto inédito y muestra cómo se podría o no apagar un período democrático que es uno de las características de Israel.


Bibliografía recomendada:


  1. D.W. (no date) Más de 250.000 Protestan en Israel contra reforma judicial: DW: 08.04.2023, DW.COM. Disponible en: https://www.dw.com/es/m%C3%A1s-de-250000-protestan-en-israel-contra-reforma-judicial/a-65265107

  2. Proto, L. (2023) ¿En qué consiste la reforma judicial que ha puesto Israel patas arriba?, elconfidencial.com. El Confidencial. Disponible en: https://www.elconfidencial.com/mundo/2023-03-27/en-que-consiste-la-reforma-judicial-que-ha-puesto-a-israel-patas-arriba_3600447/









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